Los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación y de los Ayuntamientos de la provincia realizarán labores de información y asesoramiento a las personas que quieran solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Para informar sobre esta nueva prestación,la Subdelegación del Gobierno en Huelva celebró en la mañana de ayer una charla informativa, a la que han asistido, junto a su titular, Manuela Parralo, la vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Rosario Delgado; diputados provinciales, responsables políticos de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la provincia mayores de 20.000 habitantes y las directoras de las nueve Zonas Básicas de Servicios Sociales en las que está dividida nuestra provincia.
Las personas asistentes a esta reunión de trabajo han recibido información, entre otras cuestiones, de los requisitos de acceso al IMV, documentación necesaria y vías de presentación de las solicitudes, para que así puedan trasladarla a los ciudadanos y ayudarles en la presentación de sus solicitudes.
El Ingreso Mínimo Vital, que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros al año, tiene como principal objetivo combatir la pobreza severa, por lo que está considerado como una medida de justicia social y un derecho subjetivo de la ciudadanía.
Las familias más vulnerables que no disponen de recursos, que han visto agudizada su situación a causa de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, son los potenciales beneficiarios de esta prestación, por lo que su acceso dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona solicitante, además de unos requisitos básicos, entre los que se encuentran, tener entre 23 y 65 años (o 18 años si hay menores a cargo), acreditar residencia legal y efectiva en España de forma ininterrumpida durante al menos un año antes de la solicitud y estar inscrito como demandante de empleo.
Se calcula que dos millones de personas, unos 850.000 hogares, se beneficiarán en toda España de esta prestación, que irá desde los 460 a los 1.015 euros al mes por hogar, dependiendo de factores como si se tiene a personas mayores o hijos a cargo y de los ingresos declarados en 2019.
La nueva prestación no contributiva, también denominada renta o salario mínimo vital, podrá solicitarse desde el 15 de junio a través de la Seguridad Social, de quien depende oficialmente la ayuda.
